Denuncia acoso laboral y acaba despedido: la Justicia lo declara improcedente

• Carlota Garcia

  Periodista - Barcelona

Actualizado el 20/08/2026 14:01 CEST

Un trabajador que ejercía como jefe de rampa desde marzo de 2018, con un salario bruto mensual de 2.837,64 euros, fue despedido después de que varios trabajadores trasladaran al comité de empresa quejas sobre su comportamiento y sus formas de dirigirse a compañeros. Estas quejas ya habían llegado a la empresa a finales de enero de 2025 y, el 5 de febrero, la empresa decidió abrir una investigación interna.

Cuando el trabajador se enteró de que estaba siendo investigado, decidió contar su versión y aseguró que llevaba sufriendo problemas con sus compañeros desde hacía tiempo. El 24 de febrero comunicó que tenía incluso miedo de acudir al trabajo y solicitó que se activara el protocolo de acoso laboral. La empresa seguía investigando.

La sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en una imagen de archivoWikipedia/Licencia Creative Commons

En este mismo contexto, tras varias entrevistas a algunos de los trabajadores, la investigación concluyó que no había pruebas suficientes para considerar que el trabajador estuviera sufriendo acoso laboral. Sí detectó, en cambio, un importante conflicto interpersonal y un ambiente de tensión. Además, varios compañeros manifestaron que estaban descontentos con las formas en las que el investigado se dirigía a ellos.

Unos meses después, la empresa decidió despedir disciplinariamente al trabajador, pero este, descontento con su despido decidió llevar el caso a los tribuanles y el juzgado de primera instancia declaró el despido improcedente, obligando a la compañía a elegir entre su readmisión o el pago de una indemnización de 22.320,18 euros.

Según indica la sentencia, la resolución no fue suficiente para ninguna de las dos partes, por lo que el trabajador recurrió porque quería que el despido fuese declarado nulo, alegando que la empresa lo había echado como represalia por haber denunciado acoso. Pero entonces, la empresa también recurrió pidiendo a los tribunales que considerasen que las faltas de respeto, los conflictos y las conductas atribuidas al trabajador eran suficientemente graves como para justificar su despido.

Sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Finalmente, el TSJ del País Vasco terminó dando la razón a medias a ambos, pero sin aceptar ninguno de los recursos. Al trabajador le dijo que no había pruebas de represalia, porque las quejas contra él y la investigación habían comenzado antes de que activara el protocolo de acoso. 

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Y a la empresa le recordó que el despido es la sanción laboral más grave y que los hechos que pudieron demostrarse no tenían suficiente peso para justificarlo. El resultado final es un despido improcedente, obligación de readmitir o indemnizar al trabajador y 900 euros en costas para la empresa.

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