Actualizado el 27/07/2026 13:45 CEST
Menos de 24 horas después de las últimas vistas judiciales relacionadas con la Federació Catalana de Futbol, Soteras Vigo afronta un nuevo procedimiento penal. La Plaza 12 del Tribunal de Instancia Penal de Barcelona ha acordado continuar por los trámites del procedimiento abreviado una causa contra el presidente de la FCF y su director general, José Miguel Calle, por un presunto delito de acusación y denuncia falsa.
La decisión se conoce después de que quedara visto para sentencia el juicio por presunto falso testimonio derivado del cese del exdirectivo Manel Duran, en el que están acusados Soteras, Miquel Sellarès y Oriol Camacho. También ha finalizado esta semana el juicio por la querella por calumnias presentada por Camacho contra el presidente federativo.
En esta nueva causa, la instructora da traslado a la Fiscalía y a las acusaciones para que, en un plazo de diez días, presenten escrito de acusación y soliciten la apertura de juicio oral o pidan el sobreseimiento. La resolución todavía puede ser recurrida.
El procedimiento tiene su origen en dos querellas presentadas por la FCF en diciembre de 2021 contra su exjefe de administración, José Domingo Valls. La Federación le atribuyó delitos de administración desleal y estafa relacionados con la contratación de unos informes de seguridad a Consultores Asociados ORCA y el pago de varias facturas.
Ambas causas fueron archivadas. Las resoluciones judiciales concluyeron que los trabajos habían sido realizados y entregados, que las facturas respondían a servicios prestados y que el encargo se había efectuado con conocimiento de responsables de la Federación.
El nuevo auto aprecia indicios de que Soteras y Calle conocían la existencia y entrega de los informes, pero habrían negado estos extremos durante la investigación interna de la Comisión de Compliance. Esta versión fue posteriormente trasladada a la junta directiva que acordó emprender acciones legales contra Valls.
La magistrada destaca especialmente las declaraciones de Oriol Camacho y Narciso Ortega, ambos firmantes del contrato con ORCA. Camacho manifestó que el encargo partió de Soteras ante la preocupación por posibles filtraciones internas y que tanto el presidente como Calle conocían sus términos esenciales.
El exsecretario general declaró también que informó a Calle de que el informe había sido entregado en un sobre cerrado. Según su testimonio, el director general le pidió que destruyera el ejemplar físico, una indicación que Camacho afirmó no haber cumplido.
El juzgado considera que esta declaración, junto con la documentación y el resto de testimonios, ofrece indicios suficientes para que la causa continúe contra Soteras y Calle.
En cambio, la magistrada ha acordado el sobreseimiento provisional respecto a Miquel Sellarès. Entiende que la autorización de las facturas como tesorero y su posterior voto favorable a las querellas no acreditan que conociera la supuesta falsedad de las imputaciones formuladas contra Valls.
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